Deportaciones desbocadas bajo Trump
La política migratoria de Donald Trump ha entrado en una fase de caos y controversia con el inicio de lo que él denomina “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”. Desde su toma de posesión el 20 de enero, el presidente ha impulsado expulsiones masivas de migrantes, desencadenando críticas por la falta de control, violaciones legales y un impacto humanitario sin precedentes. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente tras este ambicioso plan?
El gobierno de Trump ha deportado a más de 61.000 personas en el año fiscal 2025, según datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS), un ritmo que supera las cifras mensuales promedio de su primer mandato (299.000 anuales) y las de Joe Biden (174.000 anuales). La estrategia incluye el uso ampliado de la “remoción expedita”, que permite a agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) expulsar rápidamente a indocumentados sin audiencia judicial, especialmente a quienes llevan menos de dos años en el país. A esto se suman redadas en vecindarios y lugares de trabajo, una táctica que recuerda a la “Operación Espalda Mojada” de 1954, pero con una escala y agresividad renovadas.
Un punto álgido llegó en marzo, cuando la administración invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de venezolanos, etiquetados como “miembros peligrosos” de la banda Tren de Aragua, hacia El Salvador. Sin embargo, un juez federal bloqueó temporalmente estas expulsiones el 15 de marzo, argumentando violaciones al debido proceso. A pesar de la orden judicial, se reportaron vuelos con deportados, lo que ha desatado acusaciones de desacato y un debate sobre los límites del poder ejecutivo. “Es un mensaje terrible: persiguen sin pruebas y sin control legal”, denunció Jesús Aguais, director de Aid for Life, en referencia a la estigmatización de comunidades migrantes.
El plan de Trump enfrenta obstáculos logísticos y financieros colosales. El Consejo Americano de Inmigración estima que deportar a los 11 millones de indocumentados en EE.UU. costaría al menos 315.000 millones de dólares, equivalente al 5 % del gasto público de 2024. Tom Homan, “zar de la frontera”, ha exigido más fondos al Congreso para camas de detención y vuelos, mientras el ICE opera con un presupuesto de 9.000 millones y un déficit de 230 millones. Además, ciudades santuario como Nueva York y Los Ángeles resisten la colaboración con agentes federales, complicando las operaciones.
La población apoya en un 55 % las deportaciones masivas, según sondeos recientes, pero la ejecución ha generado caos: familias separadas, detenciones de migrantes sin antecedentes (más del 40 % de los expulsados hasta febrero, según ProPublica) y una economía en vilo. Sectores como la agricultura y la construcción, dependientes de esta mano de obra, temen un colapso. Mientras Trump promete “hacer América segura otra vez”, las deportaciones sin control plantean una pregunta urgente: ¿a qué costo?
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